La decisión de asesinar a Monseñor Romero se tomó probablemente en febrero de 1980. De hecho, el 20 de febrero, YSAX, la radio de la Iglesia Católica, fue destruída por una bomba. A la vez, Monseñor registró en su diario que el Nuncio Apostólico en Costa Rica le dijo que sabía acerca de la decisión de matarlo.
El 24 de marzo se llevó a cabo la “Operación Piña”, con el asesinato del Arzobispo. El juez de paz remitió el caso al juez 4o. de los Penal, Atilio Ramírez Amaya. Dos días después, el 26 de marzo, la casa del juez fue destruída por una bomba.
El “grupo Miami” de los escuadrones de la muerte, estuvo directamente involucrado en gestar este crimen. Esto lo confirmó en ese entonces, el embajador de Estados Unidos, Robert White, quien dijo públicamente que Monseñor fue asesinado por “profesionales” contratados por gente que vivía en Miami. Los miembros más importantes del “grupo Miami” son: Enrique Altamirano, Roberto Mathies, la familia Salaverría -especialmente Alfonso-, Ernesto Muyshondt, entre otros. El Mayor Roberto D’Aubuisson mantenía con ellos una estrecha coordinación, y desde febrero de ese año tenían lugar las iniciativas para la obtención de fondos y otros procedimientos previos al crimen. En el país, las visitas a personas poderosas, las realizaba D’Aubuisson acompañado por Ricardo Posada y el Capitán Alvaro Saravia.
Un hecho fortuito permite conocer detalles sobre el “modus operandi” de los escuadrones en este caso: el Capitán Saravia, coordinador de la operación contra Monseñor, perdió una agenda personal en la que tenía registrados nombres y montos de contribuciones para la operación, entre otros datos. Copias de la misma circularon profusamente en San Salvador e internacionalmente, distribuídas por la Embajada de Estados Unidos en el país.
De los testigos del hecho, Napoleón Martínez, un relojero que llegó tarde a la misa, desaparece. Miembros de una familia residente en una casa cercana podrían haber visto parte de la escena.
Hasta 1984-85, los dirigentes de los escuadrones de la muerte y especialmente su líder Roberto D’Aubuisson, consideraron que tenían bastante controlado el caso. La llegada del PDC al gobierno cambió esto, pues algunos funcionarios reabrieron el caso y, en general, buscaron utilizar políticamente contra ARENA, su involucramiento en este tipo de actividad.
Por ello, D’Aubuisson decidió contraatacar, y se preparó un video en el que “Pedro Lobo” (nombre inventado de un sujeto de apellido Salazar Collier) afirmó que él participó en la operación del FMLN en la que fue asesinado Monseñor Romero. El video fue concebido por Mauricio Sandoval y realizado en los estudios del Canal 4 de televisión (propiedad de Boris Eserski), bajo la dirección de Ronald Calvo, dirigente de dicho canal.
El 24 de noviembre de 1987, mediante pruebas presentadas por el Fiscal General, el juez 4o. de lo Penal, Doctor Ricardo Zamora, decretó la detención de Saravia. Las pruebas presentadas por el Fiscal Girón Flores involucran además al doctor Hector Regalado como autor material, a Roberto D’Aubuisson y al capitán Eduardo Ernesto Alfonso Avila, como autores intelectuales. El hoy Coronel Victor Hugo Vega Valencia, fue acusado de haber facilitado los vehículos y guardias de apoyo. Participaron también, como escolta Walter Antonio Alvarez y como motorista, Antonio Amado Garay. Este último es quien presentó la denuncia y proveyó los datos utilizados por el Fiscal para formular su acusación. El 26 de abril de 1988, el pedido de extradición de Saravia (que vive en Estados Unidos), se presentó a las autoridades de Washington. Sin embargo, ocurrieron varios problemas procesales y, finalmente, la misma Corte Suprema salvadoreña desestimó la acusación de Garay, por lo que Estados Unidos no pudo extraditar a Saravia, quien fue liberado bajo fianza.
De hecho, en El Salvador, lo que ocurrió es que D’Aubuisson presionó al entonces Presidente de la Corte, Francisco José “Chachi” Guerrero, quien prestó uno de los vehículos de escolta en la operación contra Romero (aparentemente sin saber para qué lo estaba prestando). A la vez, la actuación del entonces vice Presidente de la Corte, Mauricio Gutiérrez Castro, fue decisiva para impedir la extradición .
ARENA ganó las elecciones legislativas de marzo de 1988, y enseguida destituyó al Fiscal General Girón Flores, para colocar a un arenero incondicional de D’Aubuisson, José Francisco “Pato” Guerrero. El PDC buscó usar el caso una vez más con fines políticos, y el Ministro de Justicia Julio Samayoa, reveló pruebas el 14 de enero de 1989, durante la campaña electoral presidencial. En cadena nacional de radio y televisión, involucró de nuevo en el caso a Regalado y Saravia. Pocos días después, un representante legal de Regalado (Lic. Oscar Caballero Puente), presentó un escrito al juez manifestando que tenía varios testigos de que Regalado estaba a 50 millas del lugar del crimen cuando éste tuvo lugar.
Al ganar ARENA el ejecutivo en marzo de 1989, consiguió garantizar la no continuidad de ninguno de estos procedimientos legales, con lo cual varios de los hechores siguen impunes, a pesar de las pruebas y testigos existentes.
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