En su planificación de “guerras futuras”, el Pentágono extendió la privatización a más áreas de la ocupación militar, y las corporaciones militares privadas ya han comenzado a intercambiar información orientada a fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de competir con mayor posibilidad en el logro de próximos contratos.
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Por [url=http://www.iarnoticias.com]Manuel Freytas
En la actualidad la industria de los “ejércitos privados” es un fabuloso negocio capitalista que mueve más de US$ 100.000 millones al año y cuya órbita de decisiones se encuentra en el lobby de negocios que controla la Casa Blanca y el Pentágono. A este proceso privatizador, según un informe de The Washington Post, se incorpora la estructura de inteligencia de EEUU que ya está pasando a manos de empresas privadas.
Con las llamadas “guerras preventivas” iniciadas por los halcones tras el 11-S, no solamente se conquista militarmente sino que también se abren nuevos ciclos de expansión y ganancia capitalista en los nuevos mercados sometidos con el argumento de la “guerra contraterrorista”.
Los más de US$ 800.000 millones de gastos militares de EEUU y la expansión geométrica de las ganancias de los consorcios armamentistas del complejo militar, son la prueba más irrefutable de la relación simbiótica establecida entre el poder económico estadounidense con los conflictos armados y las ocupaciones militares.
Las nuevas hipótesis de conflicto con el “terrorismo” generan facturación billonaria a la industria bélica constituida en la pata complementaria de la rentabilidad capitalista trasnacional.
Las líneas directrices de este monumental negocio con las guerras de ocupación y el sistema financiero imperial, nacen y se proyectan desde la Casa Blanca hacia el resto de los estamentos del Estado norteamericano.
Pero no solamente los consorcios armamentistas se benefician del megamillonario presupuesto armamentista estadounidense que equivale a más del 60% de los gastos militares mundiales.
EEUU (hoy gerenciado por Obama y el lobby sionista liberal) se ha constituido, junto con el Reino Unido y Sudáfrica, en el centro mundial de la industria privada militar, que debe su crecimiento al nuevo orden internacional lanzado por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética, y continuado por su hijo W al comando de la “guerra contra el terrorismo”.
Obviamente, y según apuntan todos los especialistas, sólo los conglomerados trasnacionales (bancos, petroleras, tecnológicas, armamentistas, ejércitos privados, etc) que integran la órbita “selecta” del lobby de negocios manejado desde la Casa Blanca y el Pentágono tienen acceso a los más jugosos contratos en los países ocupados.
Como producto de la “integración bélica” de los nuevos ciclos de ganancias y expansión capitalista trasnacional, las corporaciones de la “seguridad privada”, han pasado a ocupar un lugar clave en los nuevos planes de conquista militar del Pentágono.
Las corporaciones militares de seguridad privada (PMC, por sus siglas en inglés) mantienen en secreto sus actividades y carteras de clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de su condición de ejércitos sin fronteras.
Los consorcios privados ofrecen servicios que van desde el personal de seguridad y el mantenimiento de armamentos hasta la interrogación de prisioneros.
A este floreciente negocio de la “guerra privatizada”, según un informe del influyente diario estadounidense The Washington Post, se sumará la elefansiática estructura de los servicios de inteligencia estadounidense, un sector emplea a 854.000 personas, casi 1.5 veces la población de la ciudad de Washington.
Los resultados de una investigación realizada por el Post revelaron que, los servicios secretos y de seguridad estadounidenses están pasando a manos privadas ya que casi un 30% de los empleados en estas actividades ya no son funcionarios federales sino trabajadores en empresas privadas.
Algunas de las conclusiones a las que llega el informe es la gran presencia de contratistas de personal de empresas privadas, en los servicios de inteligencia, seguridad y defensa estadounidenses.
Según la investigación del diario estadounidense, unas 1900 empresas están directamente involucradas en estos servicios dentro de la administración estadounidense. Aproximadamente estas empresas aportan el 30% del personal que se dedica a estas actividades en Estados Unidos. De todas esas corporaciones, 110 suministran el 90% de los contratistas.
Las normas federales indican que los servicios (en este caso de inteligencia) atañen a “funciones propias del Gobierno” y sólo pueden ser realizados por personal leal al país, o sea por funcionarios gubernamentales.
Pero la realidad, según revela The Washington Post es que la actividad de inteligencia, la más importante de la administración estadounidense, que alimenta las decisiones de su política local y global, ha comenzado a pasar a manos de personal aportado por empresas privadas.
La percepción de que la contratación de empresas privadas resultaba más barata que la preparación de personal se ha revelado como errónea por este informe, que confirma que no sólo han resultado más caras sino que han repercutido en un deterioro de la imagen estadounidense.
Desde los atentados del 11 de septiembre, la administración Bush aumentó el presupuesto dedicado a la inteligencia y seguridad, y ello permitió a la CIA y otras agencias contratar agentes externos evitando el tiempo que insume su entrenamiento y preparación.
La participación de personal “poco comprometido con la causa” de la seguridad nacional de EEUU desencadenó situaciones como las de Abu Ghraib o Blackwater en Irak, que han “deteriorado la imagen estadounidense en el exterior”, señala el Post.
El informe concluye que las corporaciones privadas de seguridad e inteligencia han condicionado la actividad de los servicios de inteligencia y seguridad estadounidenses, y hoy un tercio de su personal operativo, que realiza misiones de trascendencia crucial para el país, es provisto por empresa privadas.
El informe de The Washington Post revela que en EEUU hay 1.271 organizaciones gubernamentales -y 1.931 compañías privadas- dedicadas a programas relacionados con el “contra-terrorismo”, la seguridad nacional y los servicios de inteligencia en más de 10.000 puntos del país.
Los administradores de la Casa Blanca y los operadores de negocios del lobby judío, siempre a tono con “los negocios de la guerra”, observaron la nueva veta comercial que se abría con la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas o bajo influencia del ejército de EEUU.
La privatización del aparato militar, fue impulsada en 1991, después de la Primera Guerra del Golfo, por el entonces ministro de Defensa y actual vicepresidente, Dick Cheney.
Bajo la influencia de Cheney y Rumsfeld el gobierno de EEUU comenzó a subcontratar con las corporaciones militares privadas, gran parte de las funciones operativas que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
Si bien el Pentágono ni la Casa Blanca reconoce que una parte importante de sus soldados y agentes de inteligencia ya son entrenados por expertos y manuales de guerra privados, son muchas las fuentes militares que señalan que la legión de contratistas que inunda los cuarteles y las academias está causando un profundo malestar entre la oficialidad y los agentes de carrera.
En ese escenario, el informe de The Washington Post desató una ola de críticas en los estamentos en los mandos de las fuerzas armadas y en en las estructuras directrices de la inteligencia estadounidense.
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